Fidel Rodríguez Ramos
No lo ocultan, la llamada oposición aglutinada en los institutos del PAN, PRI y PRD, para tener hoy una presencia social, usan un fruto “legal” que se logra en América del Sur, para combatir el pronunciamiento popular en las urnas, la oposición mexicana para ser más eficaz en su lucha contra el actual gobierno federal, recurre a los poderes judicial y legislativo, para hacer posible que ninguna de las principales propuestas presidenciales puedan salir adelante, las que son necesarias para propiciar algunas mínimas posibilidades de desarrollo, limitar crecientes abusos de compañías nacionales, extranjeras contra los cada vez menos recursos naturales.
Así, el presidente promueve una reforma que rechazan los diputados y senadores, encaminada a detener la salvaje extracción de minerales valiosos. Se quiso revisar el tiempo que tienen las compañías para aprovechar el suelo y subsuelo de la mitad del país, quienes integran el llamado poder legislativo la consideraron peligrosa debido a que las compañías en represalia pudieran irse, dejando en el desempleo a miles de mineros. La propuesta contemplaba preguntar a las comunidades sobre las condiciones que se pudieran acordar con empresarios canadienses, norteamericanos para un mejor beneficio; garantizar mejores condiciones laborales, más ganancias para los pueblos.
Lo anterior fracasa, todo de alguna manera sigue igual, más agua, beneficios para una labor que se considera más importante que cualquier otra. El poder legislativo de esa manera, por segunda ocasión, muestra su desprecio por la nación. La primera fue cuando corrieron al lado de los extranjeros que promueven la generación de energía, empresarios, norteamericanos, españoles que tienen como trabajadores, asesores a Ernesto Zedillo, Carlos Salinas y Felipe Calderón. Los legisladores dieron su brazo a torcer, gracias a que recibieron dinero para hacer posible la reforma energética del ex presidente Peña Nieto.
El poder judicial también se encuentra en el mismo tono, por capricho, absuelve, perdona a supuestos ladrones, atenúa, reduce las penas de narcotraficantes, secuestradores, huachicoleros. Considera “no delito grave” utilizar 800 millones de pesos de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) para comprar bonos en la bolsa de valores. Y lo más delicado quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus ministros ganan más que el presidente de la República, 300 mil pesos mensuales, cantidad que recibirán hasta perder la existencia. Para muchos especialistas, según ellos, de ésta forma tan maravillosa funciona la llamada DEMOCRACIA, con su división de poderes.