• Modificar las leyes para avanzar a una actividad agrícola sustentable.
El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas propuso inhibir y, en su caso, evitar la utilización de fertilizantes químicos en la agricultura para proteger al medio ambiente y producir bienes y servicios agrícolas sustentables.
A través de una iniciativa presentada al Pleno de la Cámara de Diputados, el vice-coordinador del GPPRD propuso reformar los artículos 53 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y 7º-A de la Ley Federal de Sanidad Vegetal pues argumentó ineludible modificar las leyes para mitigar o reducir las prácticas contrarias a una actividad agrícola sustentable.
Explicó que el empleo de fertilizantes químicos rompe el equilibrio ecológico, el cual sufre graves desajustes y se aleja de la sustentabilidad que debiese caracterizar a estas actividades, además de que pone en riesgo la producción de alimentos para las futuras generaciones.
De igual manera, Aguilera Rojas mencionó que el uso de estas sustancias afecta directamente a la salud de las personas, pues se ha identificado la correlación del uso de los fertilizantes químicos con la aparición, cada vez más frecuente, del cáncer gástrico, el bocio, las malformaciones genéticas, la hipertensión arterial y el cáncer de testículo, entre otros padecimientos.
“No podemos pasar por alto los indicadores en materia de salud pública y ambiental que nos alertan acerca de los riesgos incurridos si no se adoptan medidas adecuadas, alejadas de los meros fines económicos y del desinterés por la salud de las personas”, señaló.
Por esa razón, apuntó que retrasar la adopción de medidas que inhiban el empleo de estos fertilizantes, ya sea por razones económicas o de cualquier otra índole, sólo contribuirá a agravar el problema, lo que lo convertirá en una amenaza latente para la conservación de suelos, mantos freáticos y la salud de las personas.
El legislador michoacano reiteró la importancia de prevalecer una cultura que privilegie la preservación de los recursos e indicó que la situación actual es insostenible, pues no se justifican de ninguna manera los daños sufridos tanto por la tierra, así como por los consumidores.
“No se trata de atentar contra la actividad productiva de miles de personas que dependen de esta rama de la economía, sino por el contrario, avanzar en el perfeccionamiento del marco jurídico que haga posible la existencia de una agricultura que preserve las riquezas que la naturaleza ha entregado al ser humano”, finalizó.