Fidel Rodríguez Ramos

  En los inicios del 2013, todos los medios de difusión anunciaron la obligatoria instrumentación de una reforma anticonstitucional educativa, que anunciaba correr a todas las maestras, docentes que no demostraran, a través de un examen obligatorio, tener la capacidad de estar dando clases frente a un pizarrón, sin importar años de servicio, profesionalización, el cuerpo que dejara Elba Esther Gordillo Morales en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), agachonamente estuvieron de acuerdo, no así los integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), ni el Comité EjecutivoNacional Democrático del SNTE (CEND del SNTE) que buscaron la manera de defender la estabilidad en el trabajo de más de un millón de personas.

  El CEND del SNTE busca la asesoría de la Unión  Nacional de Abogados Democráticos, donde se sugiere instrumentar como defensa el llenado de miles de amparos de todos los maestros del país, para ello visitamos toda la República llevando los formatos que en un principio, por miles empezaron a llenarse. Fuimos a una normal de Jalapa donde seriamente se nos cuestiona, diciendo que eran puras mentiras las que pregonábamos, pues la Sagrada Constitución no permitía revisar lo ya ganado con anterioridad, como era la plaza de base, debido a ello para aclarar las cosas ocupamos más de dos horas para demostrar que el reto de quitar el empleo a todo el magisterio era cierto, basándonos en los mismos documentos del Estado.

  La CNTE sabedora de su gran influencia en gran parte del magisterio nacional, al igual que el SNTE no aceptaron la estrategia de CEND del SNTE, pero al final reconocieron la certeza de esa medida, por lo que de inmediato empezaron a probar esa vía, el SNTE fue llamado a ponerse en orden, y por ello se difunden imágenes de los amparos tirados en muchos espacios de las escuelas, para traicionar a sus bases. La CNTE ante la gravedad del asunto declara que la reforma sería tirada en las calles, para ello ocupa el Zócalo de la Ciudad de México, días antes del Grito de Independencia en el 2013, un gran contingente de Oaxaca se hace presente. Ante el temor de un desalojo violento, fuimos a Tlaxcala donde todas las maestras y maestros bloquearon todas las entradas de la capital. Ahí en las barricadas se nos informa del desalojo en la capital del país de los cientos de maestros inconformes.

    En todo el país, después de esa acción de gobierno, se mandan citatorios a todas las escuelas para presentar el ilegal examen, en Michoacán, las sedes de aplicación de la prueba se bloquean, pero las autoridades hacen uso de helicópteros para trasladar a los maestros solicitados para la prueba desde Arteaga. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se hacen llegar, inocentemente, más de 600 mil amparos. Las escuelas se declaran en paro, para defender a quienes se comunica ir a un examen para su inminente despido, los maestros de la secundaria federal de Quiroga van a la Ciudad de México a protestar, allá a todos se les comunica que están ya contemplados para ser examinados.

    Peña Nieto detiene la arbitraria medida, cuando se da cuenta que TODO el país está con las maestras y maestros, como lo estuvieron los valientes ciudadanos de Asunción Nochixtlán, Oaxaca que ofrendan varias vidas para defender el salario, trabajo de los maestros de sus hijos. Los maestros del CEND del SNTE fueron a las instancias internacionales a reclamar justicia, se les atiende, pero se les dice que para sancionar a Enrique Peña Nieto se necesita de un documento oficial donde se de fe de que sus legítimas de justicia y rechazo   a sus demandas fueron ignoradas, eso por supuesto, nuestras autoridades NUNCA lo extendieron.

    Con la llegada de Obrador se creyó que la Reforma Educativa de Peña Nieto sería sepultada, cambiada, pero TODOS los partidos acuerdan que haya un examen para ingresar al servicio docente, para ganar más salario o ascender a otros puestos quedando fuera de esas negociaciones los sindicatos de los maestros, la traición, acuerdo se guarda en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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