Alma Gloria Chávez.
“Se estima que hoy en día viven en América alrededor de 30 millones de indígenas,
descendientes de los pueblos precolombinos que una vez fueron los únicos habitantes de la
región. Definir conceptos tales como Tribal o Indígena, escapa a las competencias de cualquier
organismo de derechos humanos. Este es un terreno complejo que desde hace mucho tiempo es
objeto de debate entre juristas, académicos, organizaciones internacionales y los propios
indígenas”, menciona una publicación de Amnistía Internacional, dedicada especialmente a Los
Pueblos Indígenas de América.
Por su trabajo entre poblaciones originarias del mundo, para el caso de quienes habitan
territorio americano, Amnistía Internacional ha tomado en cuenta la definición adoptada por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Convenio relativo a las Poblaciones Indígenas y
Tribales de 1989. Y los especialistas en este campo parecen acudir cada vez más a esta definición,
al menos como definición de trabajo, mientras que otros, como el Grupo de Trabajo sobre
Poblaciones Indígenas de la ONU, desarrollan sus propias definiciones.
El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo se aplica a dos categorías de pueblos:
“a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y
económicas las distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o
parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones, o por una legislación especial”, y “a los
pueblos en países independientes considerados indígenas por el hecho de descender de
poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la
época de la Conquista o de la Colonización o del establecimiento de las actuales fronteras
estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserva todas sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.
La historia de los derechos humanos específicos para pueblos indígenas, resulta muy reciente y
se reconoce que han sido logro de estas mismas poblaciones que (en América Latina y en México)
han sido víctimas de exterminio, sobreexplotación, esclavitud, hambre y enfermedad. En este
siglo XXI, ya resulta para toda la comunidad internacional conocido, el hecho de cómo la historia
nacional confirma que los pueblos indígenas han sido objeto de formas de subordinación,
desigualdad y discriminación, que les han determinado una situación estructural de pobreza,
explotación y exclusión política. Confirma también que han persistido frente a un orden jurídico
cuyo ideal ha sido la integración o asimilación de sus culturas, para mantenerles “bajo control”.
En toda América y en otros países colonizados, aún en nuestros días, las disputas por la
propiedad de la tierra y los recursos naturales han traído consigo flagrantes violaciones a los
derechos humanos de las poblaciones originarias. Entre las víctimas, hay representantes
comunitarios y religiosos y también niños y niñas, ancianos y mujeres asesinadxs por defender los
recursos naturales de sus pueblos.
Desde décadas atrás y paralelamente al avance tecnológico e industrial, las poblaciones
indígenas (no sólo de América, sino de todo el mundo) han puesto de relieve la cuestión
fundamental de la relación que mantienen con sus tierras ancestrales, en el contexto de la
necesidad urgente de que las sociedades no indígenas entiendan la importancia espiritual, social,
cultural, económica y política que revisten para ellas sus tierras, territorios y recursos que
aseguran su supervivencia y vitalidad.
En los años 90. Durante la Década de los Pueblos Indígenas (instituída por la ONU), se
estableció el 9 de agosto como la fecha para tener presente, ante la comunidad mundial, las
enormes aportaciones que las poblaciones indígenas han hecho para la preservación de la vida en
el planeta. Sin embargo, la violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas ha sido una
constante: por vivir en zonas de conflicto entre grupos de la delincuencia (traficantes de drogas y
“empresarios agrícolas” que buscan expandir sus monocultivos, y últimamente cárteles de la
construcción) que a menudo cuentan con el apoyo de jefes corruptos de los “cuerpos de
seguridad”, resultan amenazados, asesinados, desaparecidos o expulsados de sus territorios.
Por lo mencionado hasta aquí, cabe por ello recordar el por qué del levantamiento armado de
1994 en Chiapas y tener presente el pronunciamiento conjunto que el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional y el Gobierno Federan enviaron a las instancias de debate y decisión nacional,
luego de un largo proceso de diálogo nacional propuesto por los rebeldes zapatistas,
acompañados por organizaciones y naciones indígenas y respaldado por ciudadanos/as de todo el
mundo, que apostamos a métodos pacíficos para la resolución de conflictos y para alcanzar la paz
verdadera.
En el pronunciamiento del año 1996, el Gobierno Federal asumió, entre otros, el compromiso
de construir con los diferentes sectores de la sociedad y en un nuevo federalismo, un nuevo pacto
social que modifique de raíz las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales con los
pueblos indígenas. Basada en el respeto a la diferencia, la nueva relación entre el Estado
Mexicano y los Pueblos Indígenas debe garantizar inclusión, diálogo permanente y consensos para
el desarrollo, en todos sus aspectos.
“No serán, ni la unilateralidad, ni la subestimación sobre las capacidades indígenas para
construir su futuro, las que definan las políticas del Estado. Todo lo contrario, serán los indígenas
quienes dentro del marco constitucional y en el ejercicio pleno de sus derechos, decidan los
medios y formas en que habrán de conducir sus propios procesos de transformación”, menciona el
documento 2 del Pronunciamiento.
En el marco de la crisis sanitaria mundial experimentada en años recientes, también resultó
importante recordar que “Una condición fundamental del desarrollo cultural, es la relación de los
pueblos indígenas con la Tierra. Atendiendo a la especial significación espiritual de este elemento
y a su altísimo valor simbólico, debe garantizarse plenamente el derecho de las comunidades y de
los pueblos indígenas a la integridad de sus tierras y territorios, así como a la preservación y uso
racional de su hábitat”.
En el año de 1996, después de las Consultas nacionales que cada parte realizó, el EZLN y el
Gobierno Federal, firmaron una serie de Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígenas, que en
relación a Cultura, resulta necesario tener presente y reconocer “que los saberes tradicionales de
los pueblos indígenas constituyen un acervo importante y son esenciales para el desarrollo de la
humanidad, en muchísimos ámbitos…” Por ello los defienden de la comercialización y el mero
espectáculo, con dignidad… y resistiendo.