Los pasados días 23, 24 y 25 de enero, en el CREFAL se realizó el taller “Derechos colectivos de
las naciones originarias en México”, que coordinara la oaxaqueña Parastoo Anita Mesri, quien
hiciera hincapié en mencionar el acuerdo 169, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
que clama en la necesidad de que sean reconocidos los derechos indígenas, que contemplan sus
costumbres, idiomas, cosmovisión, organización y leyes, que desafortunadamente, sólo tienen una
plena aceptación dentro de los pueblos originarios, pues los diversos niveles de gobierno,
consideran que primero debe aceptarse lo se encuentra en la Constitución.
Desafortunadamente, ni siquiera lo que contempla la misma para los nativos, se respeta. Pues las
comunidades no son tomadas en cuenta, cuando se reforma el Artículo 27 Constitucional que
declara a la tierra una mercancía más. No se respeta los acuerdos de asamblea, cuando la misma
exige que sus recursos naturales, no sean robados, aprovechados por unos cuantos individuos.
Por ejemplo, la minería, se considera más importante que la agricultura, los bosques o agua. Las
compañías extranjeras exigen que el Estado quite las trabas que ponen muchos pueblos, con el fin
de que sus territorios sean invadidos, sus mantos freáticos contaminados. En Michoacán sólo dos
comunidades han hecho valer plenamente sus acuerdos: San Juan Parangarícutiro, para trabajar
los bosques colectivamente. La comunidad de Cherán, que cuenta con su propia policía, rondas,
gobierno donde no se consiente la labor de los partidos políticos.
Antes de esas experiencias hubo igual intención en Santa Fe de la Laguna, Zirahuén, Tingambato
donde tuvieron una fuerte participación normalistas de Tiripetío y, de las Casas de él Estudiante de
la Universidad Michoacana. A pesar de un fuerte compromiso de las comunidades no se ha
consentido el actuar independiente de las mismas, tal es el caso de Aquila, que a toda costa desea
poner un alto al saqueo de sus tierras y minerales, hasta este momento, después de dos años, no
se sabe nada de un maestro y de un licenciado que apoyaban a la comunidad del Pacífico, pues
fueron desaparecidos.
En el cierre del taller, hubo la participación del magistrado Rubén Paulo Ruiz Pérez, a quien se le
externó la preocupación que se tiene en Michoacán, por las agresiones hacia los pueblos
aborígenes de Chiapas, Morelos, Guerrero, Puebla donde desde hace muchas décadas, ha existido
una lucha tenaz por hacerse valer, por recuperar sus derechos. Pichataro, Cuanajo, Santa Fe de la
Laguna a pesar de tener mucho en contra, continúan conservándolos en la práctica. Haciendo uso
de ellos cuando la situación lo amerite, como se hiciera en Janitzio, donde por defender los
intereses mayoritarios fueron encarcelados el maestro Galdino Quiróz (QEPD) y, el médico Aurelio
Campos. (RF)
Imagen de La Jornada.