Alma Gloria Chávez.
Treinta años han transcurrido desde que se firmaron los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en
(o Larráizar) Chiapas, entre delegados del gobierno federal y la Comandancia del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN), un 16 de febrero del año 1996. Este año, en San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, siete agrupaciones y colectivos que participaron en el Encuentro de Historias y
Memorias y en el marco de las manifestaciones-homenaje al activista Samir Flores, quien fue
asesinado la mañana del 20 de febrero de 2019, afirmaron que “la memoria viva de los pueblos
originarios nos recuerda que la palabra empeñada por el Estado mexicano sigue incumplida,
traicionada y silenciada”. Que “tres décadas después de que fueron suscritos por el gobierno
federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los Tratados son la traición continuada”.
La historia nos lleva a 1994, luego del levantamiento zapatista de enero de 1994, que obligó al
gobierno federal a atender reclamos indígenas postergados durante siglos, que los pueblos
zapatistas de Chiapas plasmaron en un programa político de diez demandas y que llegó a ese
mundo de la “sociedad civil”, nacional e internacional, reaccionando al unísono con marchas,
movilizaciones y manifestaciones diversas, pidiendo que callaran los fusiles de ambos lados. Esto
significó un momento decisivo para la historia del Ejército Zapatista, porque éste, preparado para
enfrentar gobiernos autoritarios mediante la lucha armada, optó por escuchar y enfrentar un
mundo desconocido y se dispuso a utilizar la palabra como principal arma: a escuchar, a preguntar
y a tratar de entender los reclamos de esa sociedad civil que lo apoyaba, pero sin seguirlo con fusil
al hombro. Entonces, SE HIZO EL DIÁLOGO.
La sociedad civil activa, ésa que no olvida la historia represiva de sucesivos gobiernos en
contra de justas demandas, demostró que es necesaria una “nueva forma de hacer política”, que
involucre efectivamente a todos los sectores de la sociedad a través de la participación, para
converger en un movimiento ciudadano que brinde la posibilidad de construir una “sociedad con
rostro humano”, en donde el principal interés de todxs sea el “bien común”.
El 11 de marzo de 1995, en vista del avance militar en la zona de conflicto y ante la insistencia
de la Sociedad Civil -nacional e internacional- por detener las hostilidades, el Congreso de la Unión
promulga la “Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas”, que tiene como
objetivo “alcanzar una solución justa al conflicto armado iniciado el 1º de enero de 1994 en esa
Entidad.
La Ley promulgada establecía: 1. Suspender las órdenes de aprehensión en contra de
integrantes del EZLN. 2. Garantizar el libre tránsito de sus integrantes y negociadores. 3. Crear la
Comisión de Concordia y Pacificación como instancia de coadyuvancia, integrada por legisladores
de todos los partidos políticos, y 4. Crear la Comisión de Seguimiento y Verificación, encargada de
vigilar los compromisos pactados, dentro del proceso de concordia y pacificación.
Una vez promulgada esa Ley, se iniciaron las negociaciones entre el Gobierno y el EZLN en la
comunidad de San Miguel. Ambas partes establecieron un método de trabajo que comprendía
cuatro mesas temáticas: la primera, “Derechos y Cultura Indígenas”, concluyó en febrero de 1996
con la firma de los Acuerdos de San Andrés. La segunda, “Democracia y Justicia”, inició a
principios de marzo pero fracasó en su primera ronda, porque el gobierno se abstuvo de llevar
invitados y no hizo ninguna propuesta. Las dos siguientes: “bienestar y Desarrollo”, y “Derechos
de la Mujer”, no llegaron a realizarse, a pesar de la insistencia del EZLN.
Hasta ese momento (febrero de 1996), el único acuerdo sustantivo de paz fue el
reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluido en los Acuerdos de San Andrés,
que hasta la fecha -treinta años después- no se ha legislado ni cumplido. Muestra inequívoca de
sucesivos gobiernos, carentes de compromiso y voluntad política, que además de falsear su
espíritu nacionalista y democrático, ofenden a los pueblos originarios al considerarlos “sujetos de
atención”, no individuos con derechos.
El 29 de agosto de 1996, ante el incumplimiento de dichos Acuerdos, el EZLN decidió
suspender el diálogo hasta que no se cumpla con cinco condiciones mínimas para proseguir con las
negociaciones: 1. Desarme de los grupos paramilitares y cese de las hostilidades en la Zona Norte
del estado de Chiapas. 2. Instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación. 3. Liberación
de los presuntos zapatistas presos. 4. Nombramiento de una delegación gubernamental con
capacidad de decisión y dispuesta al diálogo, y 5. Reforma constitucional que reconozca los
derechos de los pueblos indígenas, de acuerdo a lo pactado en San Andrés.
En octubre del mismo año, al no lograrse un consenso sobre la traducción de estos Acuerdos a
términos constitucionales, ambas partes se pronunciaron porque la Comisión de Concordia y
Pacificación (Cocopa) redactara un proyecto de reforma constitucional, que fue presentado el 29
de noviembre y aceptado por el EZLN. Por su parte, el gobierno de Ernesto Zedillo presentó una
contrapropuesta que no satisfacía las demandas indígenas. Y ya no hubo más diálogo ni acuerdos.
Hace diez años, el periodista Hermann Bellinghausen, enviado especial a territorio zapatista,
documentó: “al llegar a la cabecera municipal de San Andrés (oficialmente Larráizar; Sakamch’en
de los Pobres para el EZLN desde diciembre de 1994, al establecer sus municipios autónomos), lo
primero que uno se topa, como hace 20 años, es la base del Ejército Federal, la cual recuerda que
la guerra no ha terminado. Tras dos décadas de militarización sostenida, contrainsurgencia inclusi
paramilitar, divisiones comunitarias inducidas por programas oficiales y proselitismo partidario, las
dos presidencias municipales -autónoma y oficial- conviven a la vista de todos y es frecuente que
tomen decisiones en común… Los ‘andreseros’ han mostrado notables capacidades de acuerdo y
convivencia, a pesar de las políticas oficiales que inducen divisiones comunitarias”.
Este año, el pasado 21 de febrero en San Cristóbal de las Casas, Elia Avendaño Villafuerte,
especialista en derecho indígena y catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México,
afirmó que los Acuerdos de San Andrés son “un documento político, no jurídico, dirigido a la
instauración de un nuevo pacto social, que significa una nueva Constitución para regular una
nueva relación de los pueblos indígenas con el Estado mexicano”, lo que no ha ocurrido.
Las agresiones actuales contra las bases de apoyo del EZLN revelan que la disputa por el
territorio sigue siendo central y que el modelo de “desarrollo” impuesto desde arriba, continúa
siendo incompatible con la vida comunitaria. Así, aunque las causas del levantamiento zapatista
de 1994 no se han modificado sustantivamente, Los Acuerdos de San Andrés, el Congreso Nacional
Indígena y la resistencia que se ha traducido en autonomías reales, están dando nuevos rumbos a
las acciones de pueblos originarios, defendiendo la Memoria, como herramienta de lucha.