Fidel Rodríguez Ramos
Desde hace más de veinte años, nuestra juventud ha estado padeciendo al Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL), que es un instituto privado, a quien ilegalmente se le ha permitido quebrar las ilusiones de millones de chamacos que desean ingresar la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al Instituto Politécnico Nacional (IPN), pues dicho centro tiene como encomienda aplicar un arbitrario examen, que se usa como coartada, pretexto para no hacer efectivo el derecho a la educación superior, y para más burla los aspirantes deben pagar por tal prueba.
El CENEVAL fue una ingeniosa idea de los neoliberales, pues ellos cada año tenían la presión de miles de aspirantes que se organizaban para obtener un lugar en las aulas, con burla les llamaban “rechazados”, quienes con muchas formas de lucha lograban la instalación de una mesa de negociación donde exigían ser considerados en ese derecho para prepararse.
Las instituciones públicas, que son pagadas por el pueblo, traicionaron una prerrogativa, conquista que se gana con muchos sacrificios, la autonomía que les permitía realizar los mecanismos que ellos consideraran más justos, equitativos para el ingreso a esos centros superiores. Ahora es el CENEVAL, una empresa privada, la que desde hace tiempo es la encargada de preparar, aplicar millones de exámenes a alumnos, alumnas que tienen historias diferentes de formación, de aprendizaje, eso por supuesto no les importa a los evaluadores quienes deciden quien sí y quien no continúa en los estudios. No les importa que chamacos o jovencitas por la desilusión prefieran suicidarse.
Por su “independencia” el CENEVAL ha ganado mucho terreno, ahora es solicitado para que elabore los del ingreso a preparatoria en todo el país, en todas las escuelas normales, como aquí en Michoacán, provocando la justa inconformidad del alumnado que exige no sujetarse a dicho centro de rechazo, y al contrario pide que haya aumento en la matrícula. Perversamente, para permitir la ingerencia de los evaluadores, el año pasado se filtraron los exámenes, se vendieron los reactivos para que la opinión pública condenara el supuesto desaseo para ingresar en la carrera de maestras y maestros.
La ingerencia privada se inicia desde antes de 1994, año en que Salinas de Gortari acepta la propuesta de Estados Unidos de América que exige la aplicación de un examen a quienes egresen de las universidades públicas en las carreras de veterinaria, contabilidad y quienes lo pasaran tendrían la posibilidad de trabajar en cualquier país, ese cuento, vergonzosamente lo permiten las autoridades educativas de ese tiempo, valiéndoles un cacahuate la soberanía, autonomía de México.