Fidel Rodríguez Ramos
Desde 1917 cuando se logra tener una Constitución, leyes que beneficiaran al pueblo, ésta inmediatamente se empieza a cambiar para negar las demandas de quienes participan en la primera Revolución del siglo XX, hacer esa Carta Magna no fue gratuito, fruto de la inteligencia de alguien sino del sacrificio de más de un millón de gentes que ofrecieron su vida en los campos de batalla.
Por ejemplo se decía que por ley estaba garantizado el acceso a estudiar gratuitamente desde el kínder hasta la universidad. De que en Pemex había actividades estratégicas, importantes para el desarrollo de México, y que por lo mismo ningún ajeno podía realizarlas. Se establece que sólo Comisión Federal de Electricidad (CFE) podía generar, conducir, vender energía. Era imposible que alguien fuera Presidente teniendo papás extranjeros. La tierra, el subsuelo, las playas y costas, los cerros, las aguas se consideraba propiedad de la nación (o sea de nosotros) y que por lo mismo no podía ser vendidos al mejor postor.
Lo anterior hoy ya es un buen recuerdo. Va a la universidad el que pueda pagar en alguna institución privada, siempre y cuando pueda soltar treinta mil pesos mensuales o más. Poco a poco, nuestros diputados y senadores, obedientemente, cambiaron las leyes para beneficiar a una minoría de nacionales y extranjeros, esa indicación la dieron los Presidentes desde 1940. Por ejemplo Salinas de Gortari manda cambiar la ley para que Vicente Fox, hijo de madre española llegara a hacer desfiguros en Los Pinos. Enrique Peña Nieto exige que haya posibilidad para que quien lo deseara, meterse en las actividades exclusivas de CFE.
Los norteamericanos son poderosos porque nunca han cambiado su Constitución, en cambio México ha permitido reformas por más de cuatrocientas veces, y claro que éstas deben hacerse pero siempre y cuando BENEFICIEN a la mayoría, lo cual no ha sido el caso nuestro. En realidad quienes hoy no permitieron que pasara la reforma de Obrador, no se les debe llamar TRAIDORES Y TRAIDORAS pues fueron el último eslabón de una larga cadena de deslealtades que comienza con el mismo presidente Venustiano Carranza en 1917 que inmediatamente pide cambiar los artículos que se refieren a la educación, al campo y al trabajo donde para defenderse había la posibilidad de organizar sindicatos contratos colectivos y huelgas.