Morelia, Mich. a 24 de mayo de 2023.- En la dictaminación de la cuenta pública que realiza el Poder Legislativo, no deben darse juicios de valor, por lo que es necesario suprimir de la norma el fundamento para su aprobación o reprobación, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
Por ello la diputada por el Distrito de Puruándiro, presentó este miércoles una iniciativa para reformar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado.
“El poder legislativo tiene la facultad de revisar y dictaminar la cuenta pública de la hacienda estatal y la de los municipios, sin embargo, este proceso no tiene la claridad normativa que requiere su ejecución y función social”.
Julieta Gallardo subrayó que el dictamen se ha politizado y ello ha sido en detrimento del propio ejercicio de rendición de cuentas, ya que el espíritu de esa facultad es que las diputadas y diputados conozcan y evalúen cómo, cuánto y en qué se gastan los recursos de cada ejercicio fiscal y no una declaración política de aprobación o reprobación.
“El concentrarnos en la declaración política hace que dejemos de lado el mejoramiento del dictamen y sus efectos vinculantes, en este sentido, esta Legislatura tiene la oportunidad de quitar de en medio la simulación y abonar en la construcción de una interpretación suficiente para que la Comisión Inspectora y la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública fortalezcan el contenido técnico del dictamen, haciendo señalamientos precisos a las unidades programáticas presupuestales, consolidando a nuestro órgano técnico de fiscalización y la rendición de cuentas y transparencia que debería procurar el análisis de la Cuenta Pública”.
La legisladora agregó que de no hacerse cambios el ciclo va a repetirse y el jaloneo entre diputados tendrá la intervención en las sombras del Ejecutivo y todo se centrará nuevamente en señalar la indebida integración informativa por parte de entidades fiscalizadas, atribuible a las dependencias estatales; y, las omisiones de la Auditoría Superior del Estado, “que es como un balazo en el pie, ya que es el órgano técnico de este Poder, ahora con el involucramiento de la ineficiente Unidad de Evaluación y Control”.
