Fidel Rodríguez Ramos
El pasado 31 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, da un amparo y declaró
inconstitucional la iniciativa de Ley de la Industria Eléctrica promovida por Obrador y aprobada en
2021 por el Congreso. Dicho amparo, siendo sólo para seis empresas particulares, será aplicable a
todas las empresas privadas, nacionales y trasnacionales, que se han venido apoderando del
sector eléctrico de México.
Con el cobijo de los gobiernos neoliberales, las empresas privadas aspiraban a generar más del
80 por ciento de la electricidad en México y en consecuencia controlarían el servicio y los precios.
Con la reforma de Obrador sus pretensiones quedaban frenadas; sin embargo, con esta nefasta
decisión, la Suprema Corte le está arrebatando a la Nación el dominio de este bien estratégico de
utilidad pública, para convertirlo en una mercancía al servicio del mercado.
La iniciativa de Obrador, hoy frenada concebía la electricidad como un servicio público sin fines
de lucro, que favorecería el desarrollo económico y social, con tarifas justas para todos los
hogares, y que garantizara un servicio confiable, constante y seguro para la industria, el comercio
y todo el pueblo de México.
Por eso se establecía que el servicio público generara por lo menos el 54% de la electricidad, y el
privado el 46%. Que el abasto se hiciera primero con las hidroeléctricas de la Comisión Federal de
Electricidad y después con las privadas. Que se terminará con los permisos de “autogeneración”
para un supuesto “autoconsumo” convertido en un verdadero mercado negro, que las privadas
pagaran el porteo (uso de las instalaciones de CFE para enviar su electricidad) y el respaldo de su
electricidad intermitente (cuando no hubiera sol, viento entraría en auxilio CFE, para que no se
interrumpa el fluido eléctrico). Tres ministros votaron y decidieron que lo anterior no puede
aplicarse, que la riqueza eléctrica de millones de mexicanos sea para provecho de capitales
extranjeros.
Una Suprema Corte que dormía cuando dinamitaron en 2013 a base de cañonazos de billetes, la
exclusividad de la Nación en materia eléctrica consagrada en el Artículo 27 Constitucional, la
misma que hoy ejecuta este despojo infame a la nación, que celebran el PRI, PAN y PRD. Partidos
que firmaron la contra reforma energética de Enrique Peña Nieto, que abrió la presencia
extranjera, otra vez, en la industria eléctrica que nacionaliza Adolfo López Mateos en 1959. (