Alma Gloria Chávez.
Hace ya más de dos décadas, alguna prestigiosa revista (Desarrollo Sustentable, hoy extinta),
en uno de sus artículos hacía mención de la indisoluble relación que la especie humana ha tenido
con el entorno: “Seguramente, una de las conductas que identificaban a las culturas más antiguas
de la humanidad, era el respeto hacia la naturaleza. Durante siglos, las tribus primitivas le rendían
culto a la tierra, al mar, la lluvia, los ríos, el bosque y los lagos. La identificación del individuo con
el entorno natural era parte de la cultura. Sin embargo, a medida que la humanidad fue creando
los instrumentos que le permitieron elevar sus niveles de vida, creció la noción de que el progreso
sólo sería posible ‘venciendo’ a los elementos de la naturaleza, y que el desarrollo económico y la
urbanización debían avanzar. Aún en detrimento de los recursos naturales…”
Después de décadas de industrialización, urbanización y depredación desmedida, hoy la
humanidad se da cuenta del tremendo error que se ha cometido y se comete al atentar contra el
medio ambiente y todos los recursos que le sustentan, permitiendo nuestra existencia como
especie. Y la perspectiva ha venido cambiando poco a poco, sobre todo luego de enormes
catástrofes que señalan la necedad de quienes, con afanes ambiciosos, provocan la muerte de
flora, fauna y vidas humanas, obligando a promover, desde los mismos gobiernos, una conciencia
ambiental creciente y EMERGENTE.
Este cambio de perspectiva se empezó a vislumbrar desde el año 1972, luego de que la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco de la Conferencia
sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo, Suecia, y con miras a hacer más profunda la
conciencia universal de proteger y mejorar el medio en que vivimos, emitió su resolución número
2994, misma que llevó al establecimiento de un programa especial para el tema de vital
importancia, designando la fecha del 5 de JUNIO, como Día Mundial del Medio Ambiente.
Veinte años después, en 1992, precisamente cuando los Pueblos Originarios de la tierra
manifestaron su rechazo hacia los festejos del V Centenario del “descubrimiento” de nuestro
Continente y protestaban contra la contínua depredación, el despojo y el saqueo de sus recursos
naturales, fue que la Asamblea General del organismo promotor convocó a la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, ocasión en que los gobiernos se
reunieron con el objeto de adoptar las decisiones necesarias para llevar a cabo los resolutivos de
la Conferencia de Estocolmo y asumir el compromiso de alcanzar un equilibrio viable y equitativo
entre el medio ambiente y el desarrollo, así como un futuro sostenible para la Tierra y los seres
vivos que en ella habitamos.
CUMBRE DE LA TIERRA se llamó a esta Conferencia que tantas expectativas suscitó,
participando en ella alrededor de 100 jefes de Estado y miles de Delegados, así como también
miles de representantes de organizaciones sociales y civiles (indígenas y no indígenas) que
abordaron los temas centrales de la Cumbre, proponiendo la articulación de los procesos de
desarrollo con la conservación del Planeta.
México participó en la reunión de Estocolmo y el entonces presidente, Luis Echeverría, sumó el
medio ambiente a las tareas gubernamentales. Los sexenios siguientes, presididos en cinco
ocasiones por candidatos del PRI, dos del PAN y la actual administración, hicieron en su momento

promesas de lograr el crecimiento, sin deteriorar la Naturaleza ni la calidad de vida de la
población. Y para obtener éxito en todo lo propuesto, se crearon instituciones encargadas de
lograrlo lo mejor posible; se aprobaron leyes diversas y se firmaron acuerdos internacionales,
como el Protocolo de Kyoto en 1997, fundamental para luchar contra el calentamiento global.
“Sin embargo -escribe Iván Restrepo en conocido diario), ni la burocracia ambiental ni el Poder
Legislativo han cumplido su tarea y, en ciertos casos, su trabajo ha significado un retroceso.
Agregando la descoordinación entre instituciones federales y los gobiernos estatales y
municipales. Dos ejemplos de retroceso extremo: el apoyo a una minería depredadora de
recursos naturales y poblaciones, y el que hoy trae al país en crisis: pésima conservación,
administración y distribución del Agua y, a la vez, su privatización en favor de grandes intereses
económicos y políticos, siendo un dato clave: menos del 10 por ciento de los usuarios registrados
en el padrón oficial, controlan casi el 80 por ciento del vital líquido”.
El problema del Agua, sabemos, se padece desde la década de los años 50 del siglo pasado,
cuando el anárquico proceso de urbanización en el país, extendió la mancha de asfalto sobre áreas
verdes o agrícolas y en muchas ocasiones, con invasiones ilegales dirigidas por liderazgos locales
del PRI, obviamente. Y a los nuevos habitantes de estas unidades irregulares, que requerían del
vital líquido, se les dió a cambio de votos, sin ningún estudio previo, iniciando así el enorme
desbasto que vivimos, agudizado por las industrias aguacateras y de frutos rojos, en el caso de
Michoacán.
Lo que queda claro, transcurridos 52 años luego de aquella Primera Cumbre de la Tierra, es que
existe el “racismo ambiental”, como lo han definido especialistas internacionales y que cada día
crecen más los conflictos en la materia, porque los pobres que habitan los territorios más fértiles o
considerados sagrados para sus culturas, sin poder político y económico, defienden los sitios que
habitan, ante la permanente expansión de la industria que busca apropiarse de sus recursos
naturales; de urbanizar zonas de alto riesgo, de crear consorcios comerciales o autopistas y
aeropuertos, o depositar desechos en los territorios de pueblos indígenas o rurales.
Y lo que nos resulta más que evidente, hablando del medio ambiente, es que la gente “pobre”,
en cualquier punto del planeta, siempre defenderá la conservación de la Naturaleza porque la
necesita para vivir (porque para el punto de vista de “urbanistas”, las grandes tiendas
trasnacionales venden frutas y verduras pagadas a los productores a precios muy bajos).
Hoy cada vez más, la sociedad consciente se une a los reclamos surgidos de quienes desde lo
rural, defienden territorio, agua y bosque para la vida. Y exigimos y trabajamos para lograr esas
nuevas políticas públicas que incorporen criterios ambientales a los programas de gobierno:
económicos, sociales, productivos… ponderando la educación y la justicia ambiental en un ámbito
de respeto y equidad. Hoy se nos presenta otra oportunidad.

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