Fidel R. Ramos
Definitivamente no hay mal que por bien no venga, a raíz de la necesidad de hacer una reforma,
cambio en el Poder Judicial, donde participan jueces, magistrados, ministros que son pieza
fundamental para perseguir, juzgar y condenar los delitos, nos damos cuenta que en realidad esa
instancia no existe como tal, así lo prueban los miles de compatriotas que han sido asesinados,
desaparecidos, sin que a los encargados de impartir justicia les interese.
A ella le es indiferente que los afortunados, como Ricardo Salinas Pliego, dueño de Elektra y TV
Azteca cuyo dueño real somos nosotros, se niegue a pagar impuestos, por la cantidad de treinta y
cinco mil millones de pesos, pues abiertamente cuenta con el amparo de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), para que no lo haga.
Ante la necesidad de aclarar el grave caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, ha hecho lo
contrario, ha decidido liberar a más de cuarenta implicados, cuya responsabilidad varios de ellos la
han reconocido. La justicia se ha convertido, desde hace años, en una simple mercancía que puede
ser adquirida por quienes disponen de una alta cantidad de recursos.
Hoy, pese a un mandato constitucional, el Poder Judicial se encuentra en rebeldía, no hace caso
desde el 2018, de todas las sugerencias, peticiones que le hacen el Poder Legislativo, el Poder
Ejecutivo, pone debajo de ese poder republicano al Presidente de la República, a los diputados
federales, locales y senadores.
Su desobediencia no es gratuita, pues de ser una verdadera su esencia la de impartir justicia, ya
desde cuando hubiera llamado al expresidente Enrique Peña Nieto, para que informara sobre el
caso Ayotzinapa, pues el encargado de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Cerón de
Lucio, durante su gobierno, declara desde hace tiempo, que el entonces mandatario, construye la
llamada “Verdad Histórica” que asegura que los estudiantes fueron secuestrados y quemados.
Ha sido tradicional que cuando se busca el que se haga justicia, siempre debe ir por delante el
dinero de por medio, porque de otra manera nunca se le hace caso a la ciudadanía.